Diversas instituciones comprometidas con el tema de migraciones se pronunciaron entre semana para exigir mejoras en las garantías legales de los niños migrantes.
Lucrecia Landaverde
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La Palabra Universitaria
La Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM) y el Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), con apoyo de la Asociación para la Educación Financiera (ASEFIN), ofrecieron una conferencia de prensa en torno a la migración infantil que sufre abusos en el recorrido del El Salvador hacia Estados Unidos.
Ante las recientes deportaciones masivas de niños y niñas que se aventuran al sueño americano, las organizaciones que velan por los derechos de los migrantes exhortaron al gobierno salvadoreño a adoptar medidas adecuadas para la protección de los infantes que migran de forma ilegal a manos de “coyotes”.
Según el director del centro pastoral de atención al migrante, sacerdote Mauro Verzeletti, la migración de las familias salvadoreñas ya no solo responde al famoso sueño americano sino a la inseguridad que aqueja al país. Aseveró que muchos padres se ven forzados a huir con sus pequeños hijos por sentirse amenazados por pandillas que de acuerdo al presbítero están fuera de control.
“Estamos preocupados por la extrema violencia que fuerza a una gran parte de niñas, niños y adolescentes a emigrar, por lo que pedimos a los países del triángulo norte que respeten el interés superior de los niños migrantes”, aseveró Verzeletti, al mismo tiempo que agregó que los países que sirven de tránsito abusan de los menores echados a la suerte.
También denunció que los países que forman parte de la ruta hacia Estados Unidos ven la migración como un negocio y que, El Salvador, debe de pagar cantidades millonarias a cambio del tránsito de los que buscan nuevas oportunidades fuera de su país natal.
A preguntas de éste periódico si se trata de una extorción de gran magnitud, el religioso respondió que se trata de una mal llamada propina, que ronda los cuatrocientos millones de dólares, solo en la frontera de México.
Los defensores de la comunidad migrante exigieron al gobierno salvadoreño buscar acuerdos binacionales y regionales que pongan fin a las deportaciones y que se legalice el tránsito de los que ahora son ilegales. Pidieron que no se vea la deportación como única opción para quienes buscan más y mejores oportunidades.
Al respecto Cesar Ríos, director del INSAMI, manifestó que el pasado 8 de febrero retornaron al país 3 niños que habían permanecido detenidos en México desde noviembre de 2015, cuyas edades oscilan desde los 5 a nueve años de edad.
“El gobierno es indiferente con el abordaje de este problema, los protocolos en los países de tránsito no están siendo efectivos para la protección y respeto de los derechos de los niños”, manifestó Ríos.
Por su parte Oswaldo López, coordinador de Programa Dignidad y Justicia de la Iglesia Episcopal Anglicana, acompaña la petición del libre tránsito para los salvadoreños que se ven obligados a abandonar el país por razones de peso como el desempleo o la criminalidad.