Colaboración del periodista Gerson Chávez
Con el fin de recuperar viviendas usurpadas, utilizadas por grupos delincuenciales para planear hechos delictivos, surgió en el 2013 el plan Casa segura.
Además del componente de recuperar viviendas, también buscaba identificar conexiones ilegales de agua, luz, teléfono, cable y localizar armas de fuego ilegales, droga, entre otros. El plan fue creado durante el mandato del ex presidente de la República, Mauricio Funes y mientras Rigoberto Pleités fungía como director de la Policía Nacional Civil (PNC).
Un año antes que fuera implementado el plan, las estadísticas del Instituto de Medicina Legal (IML) reflejaron que el número de asesinatos a nivel nacional fue de 2 mil 594, mientras que los cometidos durante el año de la implementación del plan policial ascendieron a los 2 mil 513.
En marzo del 2012, un año antes del inicio del plan, las estructuras delincuenciales se comprometieron a disminuir los asesinatos y las extorsiones tras firmar una supuesta tregua. Pese a este compromiso, continuaron con sus actos ilícitos.
Debido a esta situación hostil muchas familias tuvieron que abandonar sus viviendas por el acoso de las pandillas. Uno de estos casos sucedió en la comunidad Raúl Rivas, en las inmediaciones de un reconocido centro comercial del municipio de Mejicanos, departamento de San Salvador.
En ese lugar se denunció que ocho mareros mantenían en zozobra a los lugareños. El lunes 22 de octubre del 2013 la policía desarrolló con apoyo de la unidad antipandillas el plan Casa segura y, al final del mismo, se determinó que de las 232 viviendas inspeccionadas, el 85 por ciento estaban habitadas por sus verdaderos dueños, mientras que el 15 por ciento restante habían sido abandonadas tras las amenazas de los mareros; es decir, se había generado un fenómeno de desplazamiento forzado.
Durante el procedimiento no se reportaron las capturas de los pandilleros y luego de 19 meses de haber llegado aquel contingente de policías a desarrollar aquel plan, el clima de inseguridad de los habitantes de la comunidad Raúl Rivas es el mismo.
Los lugareños comentan que la inseguridad no se resolvió con el plan policial. Señalan que una de las deficiencias del mismo es no desarrollarlo en el mismo lugar una segunda o tercera ocasión, además de no lograr capturar a los principales cabecillas que promueven el cometimiento de ilícitos. Los habitantes comentan que muchas de las casas abandonadas por sus vecinos no han vuelto ser habitadas.
En iguales condiciones de inseguridad se posicionan los habitantes las comunidades 13 de Enero y Emmanuel, ambas contiguas a la comunidad Raúl Rivas. También los condominios Atlanta, en Mejicanos y la primera y segunda etapa de la Santísima Trinidad, en Ayutuxtepeque.
Este fenómeno social donde las personas tienen que huir por el temor de las pandillas no es exclusivo en el municipio de Mejicanos, de Soyapango, San Martín o de Aguilares. De la zona rural o de la zona urbana.
Es un problema que afecta todo el territorio nacional y donde las personas que resultan más perjudicadas son los de bajos recursos económicos, aquellos que no tienen dónde huir y en caso de hacerlo, van con el temor de ser víctimas de algún ataque por proceder de un zona donde delinquen estructuras delincuenciales antagónicas.
Sin lugar a dudas, la población espera que el plan Casa segura sea contundente para lograr capturar en flagrancia a los sujetos señalados como los responsables de generar zozobra en las comunidades y en garantizar las condiciones para que las familias desplazas regresen a sus hogares.
Solo entre el 2013 y 2014 fueron recuperadas 580 viviendas usurpadas. La continuidad del plan, pero, con resultados contundentes y la denuncia de la población, son claves para resolver una de las causas que está generando la crisis de vivienda en El Salvador.