Según el estudio, las niñas que tienen embarazos tempranos oscilan entre los 13 y 16 años.
Lucrecia Landaverde
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La Palabra Universitaria
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Niña, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) presentó el informe especial sobre el estado de los derechos sexuales y derechos reproductivos con énfasis en niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador.
Dicho informe, según indicó el titular del ente de derechos humanos, David Ernesto Morales, se desarrolló con el propósito de contribuir a identificar las causas y consecuencias del embarazo a temprana edad, desde el análisis de las obligaciones que tiene el Estado para prevenir y atender esta problemática.
El documento que contiene el análisis del estado de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en niñas, adolescentes y mujeres en El Salvador, fue entregado por el procurador a los representantes de las diferentes instituciones del Estado que tienen que ver con la defensa de los derechos de la niñez y aplicación de la ley en materia de violencia sexual.
Según el estudio, que fue realizado por la PDDH en coordinación con el Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA), las niñas que tienen embarazos tempranos oscilan entre los 13 y 16 años.
De acuerdo a las estadísticas es entre esas edades que se producen las gestaciones no deseadas.
“Hay esfuerzos por parte del Estado no solo en la defensa sino que también en la currícula de estudio, es decir que existen programas sobre educación sexual, sin embargo éstos avances resultan insuficientes y no han tenido un impacto significativo”, expresó Morales.
Agregó también que las instituciones relacionadas al tema de derechos de la niñez deben mejorar sus políticas y programas relacionados a la temática.
El funcionario de derechos humanos calificó como preocupante los desaciertos de los jueces al momento de aplicar las leyes y denunció que los mismos jueces justifican las violaciones y agresiones de tipo sexual en mujeres y niñas, bajo el argumento que son las víctimas las que provocan su propia victimización por la forma que visten o se comportan.
Instó a los aplicadores de la ley a emitir resoluciones apegadas a derecho en los delitos sexuales.
En este mismo contexto, el representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Mario Iraheta, opinó que la defensa y garantía sobre los derechos sexuales y de reproducción en los menores está a cargo de la población en general, por lo que señaló que dicha defensa empieza desde la familia hasta llegar a los funcionarios que desempeñan esta tarea de forma específica.
También enfatizó en el importante porcentaje de niñas y adolescentes que antes de cumplir los 16 años ya son madres y que, en el mejor de los casos, ostentan un estado familiar de acompañadas o casadas, porque de acuerdo al informe la mayoría son madres solteras que sufren el abandono y discriminación, no solo de la sociedad sino también de su familia.
“Se trata de niñas en condiciones de pobreza, sin derecho a acceder al sistema educativo por estar embarazadas y éstas son discriminadas por los docentes que les niegan el derecho a la educación o porque tienen que cuidar y alimentar a sus hijos”, expresó Mario Iraheta.