Un sociólogo, un antropólogo y un activista que vela por los problemas que aquejan a la sociedad, coinciden en que el tema debe ser tratado desde tres acciones estratégicas, en donde el primer paso debe ser informar bien a la gente sobre el fenómeno.
Por Wilber Góchez
Wilber.corpeno@mail.utec.edu.sv
La Palabra Universitaria
Es bastante común ver en los principales titulares de medios de información de la región, casos como el de la mejicana Graciela Cañénguez que fue secuestrada y que vivió obligada el infierno de su vida en un prostíbulo hasta que logró escapar, o el de la argentina Dana Pecci, que también la secuestraron y vivió en cautiverio hasta que fue asesinada.
La trata de personas es caracterizada por diversidad de acciones unificadas, como captar, transportar, trasladar, recibir, acoger, facilitar, promover o favorecer la comercialización de personas con una o más redes de delincuentes que, a su vez, hacen uso de diversos medios comisivos como la coacción, el fraude o el engaño.
Todos estos elementos se conjugan para un solo fin: el beneficio económico, el cual los delincuentes logran a través de explotación sexual, esclavitud, servidumbre, trabajo forzado, mendicidad, embarazo forzado, matrimonio forzado, adopción fraudulenta, entre otras que están claramente definidas como acción del delito en la Ley especial contra la trata de personas, aprobada y vigente desde principios de 2015 en El Salvador.
Para el experto de la sociología, Julio Martínez, el desarrollo del fenómeno como tal es favorecido por una serie de factores socialmente estructurales e históricos en el país.
“Además de aspectos como la pobreza, la falta de oportunidades, poco acceso a la educación, y las escasas políticas públicas enfocadas en el bienestar de la persona como tal, este fenómeno también tiene bastante fundamento en aspectos antropológicos que van más allá de cualquier otro factor como los antes mencionados”, dijo.
Martínez explica que las necesidades económicas y laborales son las principales causantes, en la gran mayoría de casos, para que las personas caigan en las redes de un tratante o una red estructurada dedicada a cometer el delito, pero a veces las necesidades básicas van más allá y vuelven a las personas muy vulnerables.
“Cuando las personas no encuentran en su país las posibilidades de resolver sus necesidades económicas a través de un empleo digno, todo lo que sirva para poder generarse ingresos está bien y es necesario para ello”, destaca el experto.
Al mismo tiempo agregó que por lo general las mujeres y hombres o adolescentes que caen en las garras de la trata, hacen una distinción entre vivir con hambre y no comer, o vivir comido perdiendo la dignidad.
Problema complejo y planificado
Carlos Felipe Osegueda es antropólogo y, según dice, el delito de la trata como tal es tan grande, complejo y planificado estratégicamente en su modo de operar, que se expande y logra conectividad para que de manera paralela se activen distintas redes y delitos compuestos por diversos actores y que son igual o más graves, es decir, permiten la corrupción en todos los niveles y modalidades.
“Hablar de trata de personas significa la creación de tejidos que involucra a instituciones o personal de éstas, quienes permiten que los tratantes realicen trámites legales para poder desarrollar el proceso de la trata. Ayudan a ocultar la ilegalidad, permiten la apertura de fronteras haciendo uso de diferentes contactos que están dentro de las instituciones, generalmente son entes de Estado”, dijo.
Lo anterior significa que los tratantes procuran construir un sistema que tiene que ser garante de cuidar esa inversión que hacen de movilización, de pagos a personas intermedias, de tramitar documentaciones falsas, de mantener a las víctimas resguardadas fuera de las autoridades, sobornos a los aplicadores de ley, entre otras acciones que construyen el tejido delictivo que involucra a varios actores y que, al final, eso se traduce en toda una cadena de corrupción e impunidad estatal, explica.
Osegueda y Martínez coincidieron en que el fenómeno puede ser detenido paulatinamente en la medida que se creen planes conjuntos de sensibilización a la sociedad en general y que, además, de manera estratégica se tomen en cuenta los sectores identificados como vulnerables, se les capacite, sensibilice y se les informe de forma más cercana sobre las implicaciones, características y operatividad de este tipo de delincuentes, es decir, que no basta solo con campañas informativas en medios, es necesario trabajar con estos sectores de forma más personalizada, dijeron.
Vinicio Ernesto Sandoval Góchez es director ejecutivo del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GEMIES) y, además, es el coordinador de la Mesa Nacional sobre la Trata de Personas. Él también coincide en que es necesario que todas las instituciones involucradas con la ley especial, la política nacional y el consejo nacional contra este delito, deben hacer un trabajo coordinado e íntegro.
Los expertos hacen ver la necesidad que hay, en primera instancia, de que el fenómeno sea visibilizado, lo cual es tarea de todas las instituciones trabajar de cerca con las comunidades para hacer que la niñez, adolescentes y personas mayores, conozcan el fenómeno y la magnitud de peligrosidad que éste representa.
Después de sensibilizar a la población en general, dijeron que se debe poner en marcha la fase de educación para que las personas sepan los mecanismos de operación de este tipo de delincuentes. Como tercera acción recomiendan que el país debe ser concientizado sobre los peligros del mismo, todo esto para que en El Salvador no sucedan casos similares a los de la mexicana Graciela Cañénguez y la argentina Dana Pecci.