Colaboración del periodista Gerson Chávez
Sin lugar a dudas la falta de empleo, la pobreza, la ola de violencia y criminalidad son problemáticas que propician que los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) sean excluidos del sistema educativo y que carezcan de los conocimientos teórico-prácticos y habilidades-destrezas para enfrentar con éxito el diario vivir.
A la base de todos estos problemas sociales también se encuentran otros como las pautas culturales de género (feminidad, masculinidad) y la tradición cultural o historia familiar que en el contexto salvadoreño, principalmente en el área rural, consiste en permitir que los hijos asistan a la escuela y que las hijas se queden haciendo labores del hogar.
Durante la administración del ex presidente, Carlos Mauricio Funes Cartagena, se dio vida a la política de educación inclusiva. Ésta tenía como propósito llegar a la población que había sido marginada de su derecho a la educación, a raíz del sistema económico social imperante en el país, entre otros.
Tras el final de su gestión y viendo en retrospectiva, a la implementación de la política de educación inclusiva le podemos hacer varias críticas; sin embargo, solo se hará mención de dos.
La primera ¿era el Ministerio de Educación la entidad rectora de esta política?
Si era el Ministerio de Educación el encargado de guiar todos los esfuerzos, era indispensable que hubiera un titular en esta cartera de Estado. Sin embargo, no fue así. Durante toda su gestión, el ex presidente Funes nunca nombró a un Ministro de Educación para que cumpliera sus funciones a tiempo completo.
Desde el inicio de la gestión Funes, el cargo estuvo en manos de Salvador Sánchez Cerén quien, en ese entonces, se desempañaba como vicepresidente y actualmente es el mandatario. Dicho sea de paso, estuvo al frente de la cartera ad honorem, lo cual no siempre se traduce en eficiencia y eficacia.
Posteriormente, Cerén dejó el cargo y Funes nombró a Hato Hasbún, quien actualmente se desempeña como comisionado para la seguridad. Su nombramiento también fue ad honorem y su trabajo no tuvo mayor trascendencia.
No haber designado a un ministro de educación para que pudiera dedicarse a tiempo completo a esta cartera de Estado impidió que la política fuera ejecutada de la mejor manera.
El gobierno no solo descuidó esa cartera, según lo dicen también los sindicatos de maestros, dejó sin un timonel a la política de educación inclusiva.
Resultado esperados
El segundo punto criticable: la política no logró los resultados esperados porque no se combatieron previamente varios problemas enquistados en la sociedad salvadoreña. Pero el gobierno de ese entonces no solo falló en no nombrar a un ministro de educación, sino también en proporcionar seguridad a sus habitantes.
A pesar de contar con una política de educación inclusiva, cientos de estudiantes tuvieron que desertar del sistema educativo o, en otros casos, fueron asesinados porque el gobierno no atendió el problema de la inseguridad, el cual se ha constituido como un factor que genera marginación del sistema educativo.
La política de educación inclusiva promulga el acceso de todas las personas al sistema educativo indistintamente de su sexo, raza, religión, creencia política; sin embargo, es criticable que en muchas escuelas de El Salvador los estudiantes no tienen un pupitre o un salón donde poder recibir clases.
Resulta mezquino plantear una inclusión de los sectores socialmente marginados cuando no se ha tenido la capacidad de gestionar recursos para atender sus demandas. Solamente se queda en un discurso muy aplaudido sostener ser un gobierno incluyente y que se busca redimir a los sectores socialmente excluidos, cuando no se tienen los recursos propios para atender sus exigencias.
De nada sirve que diga ser un gobierno al servicio de las mayorías si ha olvidado a los docentes, sino se tiene la capacidad de garantizarles la seguridad en las escuelas donde imparten el conocimiento a los futuros ciudadanos salvadoreños y, en el peor de los casos, cuando el discurso oficial deslegitima la cantidad de hechos denunciados por los gremios de docentes, con respecto a las amenazas y extorsiones contra el sector.