El diálogo intercultural fue impulsado por diversas instituciones que forman parte de un consorcio que trabaja en pro de los derechos de los pueblos indígenas.
Eduardo Guevara
La Palabra Universitaria
Derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos ciudadanos de acceso a la información pública, es el nombre de un diálogo intercultural que recientemente se desarrolló virtualmente, en el que se discutió diversos aspectos relacionados a derechos fundamentales con los que deben contar los pueblos indígenas.
En la actividad, que fue impulsada por el consorcio que conforman instituciones como el Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS), la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES), participaron expertos en temas relacionados a los derechos indígenas, así como representantes de pueblos originarios.
De acuerdo a la responsable de coordinar el foro, Dora Estela Rivera, mujer indígena de origen náhuat-pipil, este espacio fue creado para generar conocimiento desde los derechos de los pueblos indígenas, con el objetivo de aprovechar los procesos de contraloría social que permiten el acceso a la información pública desde la visión de los pueblos originarios.
La comisionada suplente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Yanira Cortez, destacó que Ley de acceso a la información pública es calificada como una de las 90 mejores leyes de país y una de las cinco mejores leyes en el mundo. “Si alguien necesita solicitar información del Estado, y si esta entidad se niega a brindar respuesta, o sí su respuesta carece de firmeza, se debe de acudir inmediatamente al instituto para materializar su caso, sentenció.
Sin embargo, recalcó que los derechos no son absolutos y que algunos pueden ser limitados, es por eso que el instituto trabaja con información oficiosa, información reservada de acuerdo a la ley e información confidencial, es decir, los datos personales o datos sensibles que deben ser manejados cuidadosamente.
“El instituto no sólo tiene como objeto garantizar el derecho de acceso a la información dentro de las tres vertientes que ya mencioné, sino también tiene la obligación de garantizar el derecho de los datos personales”, explicó.
La CCNIS impulsa un diplomado especializado sobre acceso a la información pública, en el que se ha involucrado a alrededor de 60 personas representantes de diferentes comunidades indígenas y, de acuerdo Néstor Pérez, uno de los miembros del referido consejo, el proyecto formativo se enfoca en fomentar la participación en diversas iniciativas de contraloría social sobre política, programas, obras, servicios públicos, entre otros.
Añadió que los derechos de los pueblos indígenas, conforme al derecho internacional han evolucionado desde su decreto vigente, incluidos los tratados de derechos humanos, en función de los escenarios en los que se encontraban estos pueblos y sus prioridades, como derechos a sus tierras, territorios, recursos, regulaciones y a la libre determinación.